EN DEFENSA DE LA INTEGRACIÓN DE LAS PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL Y CONTRA LAS POLÍTICAS ASILARES DE LA GENERALITAT VALENCIANA
El pasado 24 de octubre estaba previsto el inicio del juicio por los acontecimientos ocurridos en la Residencia de la Tercera Edad “San Lorenzo de Brindisi” de Massamagrell el 28 marzo de 2006. Aquel día, tras un incendio que según informes periciales se originó en la cama de uno de los internos, cinco personas (cuatro ancianos y una persona de 30 años con enfermedad mental que se encontraba sujeta a su cama) se encontraban solas en esa habitación y fallecieron por asfixia. La habitación estaba cerrada con llave y no existía ningún tipo supervisión. Más de cinco años después se ha llegado a un acuerdo extrajudicial que ha evitado el juicio, cerrándose uno de los más tristes episodios en la historia reciente de la Salud Mental (y de la salud de las personas mayores) del País Valenciano.
Según el informe pericial emitido por la Asociación Española de Neuropsiquiatría del País Valenciano en marzo de 2007, la Administración Valenciana en el momento de los hechos no había concedido a la Residencia la licencia escrita para que pudiera actuar como residencia mixta de enfermos mentales y ancianos. La concedió provisionalmente al día siguiente del incendio, y definitivamente unas semanas después (orden de 9 de mayo de 2006, de la Conselleria de Benestar Social, en cuyas disposiciones adicionales se autorizan centros residenciales mixtos). Así se acabó dando a posteriori cobertura legal a una situación irregular.
La última modificación en la regulación autonómica de las residencias mixtas se produjo hace menos de dos años, en la orden 1/2010 del 18 de febrero de la Conselleria de Benestar Social. Uno de los recursos que contempla es el de los “centros residenciales para personas con discapacidad en situación de dependencia (…) destinados a servir de vivienda común por su situación intelectual o mental”. A efectos prácticos, esto supone una legitimización de las residencias en las que conviven personas mayores con personas afectas de enfermedad mental, y una puerta abierta a la cada vez más hegemónica participación de centros privados. De hecho, la residencia de Massamagrell es actualmente el dispositivo psiquiátrico con más camas residenciales del País.
Los datos del Observatorio de la AEN-PV, basados en cifras suministradas por la Conselleria de Benestar Social, indican que hay cuatro centros geriátricos en nuestro País autorizados como centros residenciales para enfermos mentales, con un total de 238 personas internadas. Este tipo de residencias mixtas resulta pernicioso tanto para las personas mayores como para los enfermos mentales. Las personas con enfermedad mental grave (muchas de ellas jóvenes) internas en centros residenciales tienen un perfil de necesidades totalmente distinto al de las personas mayores. Precisan un tratamiento sociosanitario, psiquiátrico y rehabilitador individualizado, unos protocolos de intervención y supervisión específicos, y un contexto adecuado para su reinserción comunitaria y laboral. Como hemos señalado, estas condiciones no están ni mucho menos aseguradas en la situación legal y real actual, por no hablar de los riesgos en el bienestar y seguridad de los propios usuarios como el triste ejemplo de Massamagrell demuestra.
La alternativa tampoco está en los Centros Específicos de Enfermos Mentales (CEEM). Su situación es similar a la de las residencias geriátricas. Lugares diseñados como instituciones totales que no ofrecen una salida a sus usuarios. Con un número excesivo de residentes, situados en lugares apartados, sin conexión con la comunidad, con muchos de sus usuarios deportados de otras comarcas después de penosísimos itinerarios personales son claramente lugares de depósito, de vía muerta.
Las necesidades de residencia que tienen algunas personas con enfermedad mental pueden ser cubiertas de otra manera. Hay evidencia científica e innumerables experiencias en otras alternativas residenciales que no son asilares. Las propias viviendas de los usuarios con un apoyo domiciliario adaptado a las necesidades de las personas, las viviendas tuteladas en un grado variable de supervisión y los pequeños alojamientos colectivos (minirresidencias) en nuestros propios barrios son viables, rentables, menos dañinos y más respetuosos con los derechos humanos. El número testimonial de este tipo de recursos en nuestro País solo puede explicarse por una ausencia de atención a las necesidades de las personas. O porqué se prefiere atender otros intereses. A veces con resultados criminales.
Por todo ello, desde la Plataforma en Defensa de la Salud Mental Pública de Valencia, queremos seguir expresando nuestra profunda preocupación por la perpetuación de estos centros, donde pueden repetirse sucesos como el de 2006 y donde siguen internas cientos de personas afectas de enfermedad mental, y exigimos cambios legales y recursos públicos que aseguren el bienestar, la recuperación y la reinserción comunitaria de estas personas.
Estos cambios sólo podrán ser evidentes si se cierran todos los CEEM y los módulos en residencias geriátricas y se opta por alternativas residenciales no asilares y más respetuosas con la evidencia científica, con las necesidades de las personas y con sus derechos. Justo lo contrario de la política que en estos años ha desarrollado la Generalitat.
PLATAFORMA EN DEFENSA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE SALUD MENTAL DE VALENCIA
Noviembre de 2011
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