EN DEFENSA DE UNA SALUD MENTAL PÚBLICA: ¡AHORA MÁS QUE NUNCA!
El Gobierno valenciano, de forma reiterada, incumple sus propios planes y presupuestos económicos en salud mental. El sistema público de Salud Mental presenta deficiencias de tal envergadura que se puede decir que es en los familiares donde recae el enorme esfuerzo de los cuidados que las personas con enfermedad mental requieren.
La rehabilitación psicosocial no está garantizada como una prestación universal y gratuita, como sí ocurre en otras especialidades sanitarias y como indica el artículo 20 de la Ley General de Sanidad. Al depender de Bienestar Social, la rehabilitación y reinserción sociolaboral se convierte en una asistencia graciable en función de los presupuestos. Si no hay presupuesto, no hay prestación. Por eso pedimos que la rehabilitación dependa de Sanidad y no de Bienestar Social.
Además, la atención a las necesidades de estas personas es de competencia compartida entre diversas administraciones (Agencia Valenciana de Salud, Bienestar Social y Ayuntamientos); esta compartimentación dificulta aún más la planificación y coordinación
Las políticas de privatización sociosanitaria del gobierno autonómico no hacen más que agravar la situación, porque para generar beneficios se reduce la dotación de personal y medios. Los centros de larga estancia (muchos de ellos concertados o privados) donde se alojan las personas con enfermedad mental están masificados, en ocasiones son residencias mixtas donde conviven con personas mayores (con un perfil distinto de necesidades), se sitúan alejadas de sus familiares y de los núcleos urbanos (segregándolos de un entorno comunitario y normalizador), y las condiciones a veces se diferencian poco de los antiguos manicomios.
Así, el Gobierno Valenciano del Partido Popular ignora las graves deficiencias presentes en todos los niveles de Salud Mental (centros de salud mental, unidades hospitalarias, atención domiciliaria, centros de rehabilitación y hospitales de día, viviendas tuteladas, políticas de inserción sociolaboral...).
A todo ello hay que añadir que desde hace varios años la mayoría de ciudadanos soportamos una grave crisis económica de la que no somos responsables. Los diferentes gobiernos autonómicos y central han respondido a ella rescatando con dinero público a la misma banca causante de la situación, mientras que con la coartada de la crisis se han recortado derechos sociales básicos (sanidad, enseñanza, privatizaciones, pensiones...). Los Servicios Públicos de Salud Mental, como suele ocurrir, han sido uno de los mayores perjudicados. Amortización de plazas de profesionales, segregación de Unidades de Salud Mental, reducción de equipos que debieran ser multidisciplinares, degradación administrativa de la Salud Mental, impago de ayudas públicas (básicas para la subsistencia de los dispositivos psicosociales) y previsibles nuevos recortes tras las próximas elecciones.
Pero no nos resignamos y por ello, este año más si cabe, exigimos una ATENCIÓN DE LA SALUD MENTAL PÚBLICA, INTEGRAL, UNIVERSAL Y DE CALIDAD.
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